MAGARIÑOS YÁNEZ, JOSÉ ALBERTO
Resumen.
Índice.
Abreviaturas.
Introducción.
Primera parte. SOBRE LA DENUNCIA, SU PRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO.
Capítulo 1. Cuestiones previas sobre la denuncia. Aspectos objetivos y subjetivos.
Capítulo 2. Cómo, dónde y cuándo puede presentarse una denuncia.
Capítulo 3. Efectos de la denuncia.
Capítulo 4. Análisis de los nuevos canales de denuncia.
Capítulo 5. La Autoridad Indepedendiente de Protección del Informante.
Segunda parte. SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS AL DENUNCIANTE Y SUS POSIBLES BENEFICIOS.
Capítulo 1. Requisitos de la información comunicada para ser objeto de protección.
Capítulo 2. Derechos reconocidos al denunciante.
Capítulo 3. Inversión de la carga de la prueba en materia de represalias.
Capítulo 4. El Derecho premial como promotor de la denuncia y beneficio para el denunciante.
Tercera parte. PROPUESTAS DE MEJORA.
Capítulo 1. Crítica de la configuración de canales de denuncia escogida. ¿Se ha creado la figura del alertador al infractor?
Capítulo 2. Propuestas de reformas procesales a coste cero.
Capítulo 3. Es recomendable establecer un deber de denunciar infracciones administrativas, muy en particular sobre funcionarios públicos.
Capítulo 4. La necesidad de una regulación armónica. Sin orden no hay concierto.
Capítulo 5. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, ¿otra oportunidad perdida?
Capítulo 6. El desarrollo del derecho premial abre posibilidades muy interesantes.
Capítulo 7. Reflexiones finales.
Conclusiones.
Jurisprudencia.
Bibliografía.
En este trabajo que el lector tiene por delante, su autor desarrolla una visión crítica de la regulación de la denuncia en España, en la que valora la eficacia de las últimas reformas en materia de protección de las personas denunciantes y traza perspectivas de futuro. Lo hace con una mirada permanentemente dividida entre el Derecho penal y el administrativo, en sus puntos en común y en sus divergencias, posibilitada y enriquecida, sin duda, por su formación y práctica como fiscal y magistrado. Aborda tanto la nueva normativa de protección del denunciante como el régimen "general" de la denuncia en el Derecho penal y administrativo -una regulación parca, contenida respecto del primero en unos pocos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo demás desactualizados, y de la Ley orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales, y, en relación con el segundo, en el artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo-. Y lo hace manejando fuentes no solo nacionales, sino también de Derecho europeo y comparado de países de nuestro entorno (Francia, Italia, Alemania, Portugal).
