JUAN LUIS IBARRA SÁNCHEZ
Garantizar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y el fomento del mercado de alquiler en nuestro país, han situado, en estos últimos años, al juicio de desahucio en la máxima actualidad, social, política y también jurídica.
Esta obra tiene por objeto la reforma procesal operada en materia de juicios de desahucio desde 1994 a 2011. Se examinan pormenorizadamente los tres procedimientos verbales de desahucio regulados en la LEC, si bien resulta notorio el protagonismo del juicio verbal de desahucio por falta de pago frente a los otros dos juicios de desahucio restantes (por extinción del plazo legal o contractual y precario), numéricamente testimoniales, tanto por número de procedimientos judiciales como por especialidades procesales.
Igualmente, se analiza el juicio verbal puro o tipo, procedimiento en el que se basan inicialmente los tres juicios de desahucio, destacando dos defectos que lo lastran irreparablemente: la ausencia de contestación a la demanda escrita y previa a la vista y la omisión del trámite de conclusiones, tras la práctica de la prueba.
Y si la reforma procesal de 2009 (Ley 13/2009 y Ley 19/2009) consagró lo que se dio en llamar el «desahucio exprés», la reciente reforma de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, ha introducido una primera fase monitoria en el juicio verbal de desahucio por falta de pago, que hace que resulte de enorme actualidad el estudio de la nueva regulación. Una fase monitoria cuyos protagonistas son dos resoluciones del Secretario judicial: a) El requerimiento de pago cuya notificación personal adquiere una importancia vital y b) El decreto dando por terminado el procedimiento, que hará innecesaria la apertura de la segunda fase, de juicio verbal, abriendo, directamente, el camino a la ejecución.
El autor nos propone una inmersión en la anatomía jurídica del juicio verbal de desahucio que pretende aunar, a un enfoque riguroso y científico, su experiencia práctica ante los juzgados y tribunales.
